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26/11/2025
El documento fue publicado en la página web de la institución
La Defensoría Penal Pública oficializó su ‘Política de comunicaciones’
El texto, elaborado por la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana (UCyP), establece objetivos, principios generales, grupos de interés, canales oficiales y otros criterios relevantes para sus comunicaciones externas e internas.
Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.
¿Sabía usted que, desde hace pocas semanas, la Defensoría Penal Pública cuenta oficialmente con una ‘Política de comunicaciones’? En efecto, una vez que lo aprobó la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, este documento ya está publicado en un banner de la página web de la institución.
Aunque la institución desarrolla anualmente –y por separado- planes de comunicaciones externas e internas, con estrategias y actividades orientadas a los distintos públicos involucrados respectivamente, faltaba elaborar un documento que estableciera objetivos, principios generales, grupos de interés, canales oficiales, objetivos y criterios para las vocerías, para los contenidos y para las publicaciones institucionales, entre otros aspectos.
Consultada sobre la importancia de estas definiciones, la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, explicó que “tenemos la responsabilidad de explicar de manera clara qué hacemos, por qué lo hacemos y a quiénes defendemos. La transparencia no es un eslogan: es la base de la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros como garantes del derecho a defensa”.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Política, elaborada por la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana (UCyP) en un total de 11 páginas, conecta directamente con uno de los cinco objetivos estratégicos definidos por la institución, que supone “aumentar el conocimiento del rol de la Defensoría Penal Pública y de los derechos de las personas imputadas y/o condenadas, a través de la realización de acciones de difusión, enfocada a las personas usuarias y a la comunidad en general, con énfasis en los valores de una justicia abierta y principios de igualdad de género”.
El texto agrega que en tal escenario “resulta primordial” la creación de esta política, “centrada en el reposicionamiento institucional en el debate público y la formación de vocerías nacionales y regionales, con el fin de construir, mantener y fortalecer una imagen positiva de la institución”.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Luego, a partir del objetivo general de “posicionar a la Defensoría Penal Pública como una institución fundamental para el aseguramiento y funcionamiento del sistema de justicia penal en un estado democrático de derecho, que garantiza el acceso a la justicia para todos, independientemente de su situación económica, social o cultural”, el documento contiene diez objetivos específicos.
Entre ellos, destacan el de difundir el rol institucional, el derecho a defensa y el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal, “a través de la realización del plan anual de difusión con un lenguaje claro, oportuno e inclusivo”, el de “posicionar a la Defensoría Penal Pública como referente técnico en derechos humanos y justicia penal” y el de “apoyar y fortalecer” el discurso de una Defensoría Penal Pública autónoma, altamente especializada, moderna y reconocida”.
A continuación, el texto define a la UCyP como el área responsable de la supervisión de la Política a nivel nacional, con el apoyo de las y los periodistas regionales del servicio, todos quienes deberán cumplir diversos roles. Por ejemplo, “colaborar proactivamente con los periodistas y medios de comunicación, con el objetivo de permitir que la información se transmita de manera precisa, promoviendo la transparencia y los datos abiertos de la institución”.
En esta misma área se señala también que las y los defensores públicos “sólo podrán entregar declaraciones de carácter técnico respecto de las causas que están a su cargo, previa autorización y asesoría de la Unidad de Comunicaciones o del periodista responsable en su región”.
PRINCIPIOS GENERALES Y VOCERÍAS
El texto explica que la política comunicacional se basa en varios principios: lenguaje claro, transparencia, coherencia, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, confiabilidad, confidencialidad y respeto a la labor periodística. En transparencia, por ejemplo, el documento señala que “La Defensoría Penal Pública se compromete a proveer información sobre sus funciones, servicios, estadísticas y procesos en su sitio web y en la cuenta pública participativa que se lleva a cabo año a año”.
Respecto de la confiabilidad, en tanto, se señala que “la información debe ser precisa y verificable”, para lo cual “la entrega de datos y cifras deberá estar visada por los responsables y, en el caso de publicarse algún dato erróneo, este deberá ser rectificado a la brevedad, a través de los mismos canales por los que fue difundido”.
En cuanto a las vocerías, la Política las define como “todos aquellos mensajes que busquen dar a conocer la misión, el rol de la Defensoría y el funcionamiento del sistema”, junto con aclarar que “toda vocería institucional deberá entregarse previa asesoría de los encargados de comunicaciones”. Según el texto, además, “en situaciones de crisis la vocería deberá ser coordinada -de manera inmediata- con la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana, para evaluar impactos y definir una estrategia adecuada, que permita enfrentarla con éxito”.
CONTENIDOS, PUBLICACIONES Y CANALES OFICIALES
La Política sostiene que el principal foco de las publicaciones institucionales surge del rol y la misión del servicio, para lo cual “es fundamental difundir oportunamente fallos que destaquen el buen desempeño de la defensa pública, sus logros y resultados, además de la opinión institucional en materia de políticas públicas, proyectos de ley y sistema de justicia penal”, entre otros temas.
Respecto de los canales oficiales para la difusión de sus mensajes, la Política explica que la Defensoría “cuenta con canales propios, que constituyen sus vías oficiales de comunicación para transmitir información relevante a sus públicos”, asegurando así “la difusión precisa y oportuna de mensajes, manteniendo la transparencia y la coherencia en la comunicación”. En detalle, estos canales son el sitio web de la DPP, las redes sociales del servicio (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, TikTok y/o Spotify).
Otros canales oficiales son seminarios o acciones de relaciones públicas, la “Revista 93”, el “Proyecto Inocentes” y el ‘Observatorio de derechos humanos en el sistema penal’, entre otros. Además, y junto con precisar algunas consideraciones sobre los planes anuales de difusión del servicio, la Política define una serie de audiencias y grupos de interés a los que la Defensoría enfoca sus mensajes externos: prensa y medios de comunicación, personas usuarias, sociedad civil, autoridades, academia, organismos internacionales y legisladores.
Por último, también incorpora objetivos, directrices, responsables, canales y tipos de acciones de comunicación interna, cuyo objetivo principal es “posicionar, al interior de la institución, la misión, visión y objetivos estratégicos, así como criterios de eficacia y eficiencia en la gestión interna, además de sostener el compromiso de mejora permanente de la calidad del servicio”.
Según la Defensora Nacional, “la Defensoría Penal Pública necesita una voz que se escuche en todo Chile, lo que implica lograr que la institución esté presente en el debate público, preparada para responder a la ciudadanía y acompañar a quienes más lo necesitan en el sistema de justicia penal. Necesitamos comunicar eficientemente que sin defensa no hay justicia y este instrumento nos ayuda a sistematizar ese objetivo”, concluyó.
Revise completa la ‘Política de comunicaciones’ de la Defensoría Penal Pública en el siguiente enlace:
www.dpp.cl/resources/upload/politicaComunicacionesDPP.pdf
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