La finalidad de este modelo especializado de defensa es procurar la aplicación de todas las garantías constitucionales a personas migrantes o extranjeras, como también garantizar el efectivo acceso a la justicia de estos grupos vulnerables.

Para ejercer estas prestaciones, los defensores deben ser conscientes de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la persona imputada extranjera o migrante, conocer los derechos específicos que le asisten y, sobre todo, la legislación especial aplicable a ellas y ellos.