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Defensora pública de La Serena logró absoluciones en tres juicios orales

14/05/2025

Todas las causas en que obtuvo este resultado eran complejas

Defensora pública de La Serena logró absoluciones en tres juicios orales

Las personas acusadas arriesgaban importantes condenas por delitos de microtráfico de droga, tenencia ilegal de municiones, receptación y estafa.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Una exitosa jornada de absoluciones de personas acusadas por diversos delitos y que arriesgaban importantes condenas, incluso privativas de libertad, obtuvo la defensora penal pública Scarlett Pino, en tres juicios orales que se desarrollaron en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena y en los que la abogada representó a la misma cantidad de inculpados.

En el primer caso, cuatro días privado de libertad estuvo Jorge Dubó, de 81 años, acusado de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones. En abril de 2021, durante un allanamiento a su domicilio, la Brigada Antinarcóticos de la PDI encontró marihuana y cinco municiones.

Después de 4 años de espera para demostrar su inocencia, el acusado fue absuelto unánimemente por el tribunal, instancia en que incluso el representante del Ministerio Público, en su alegato de apertura, reconoció que no había pruebas ni testimonios para sostener la acusación en su contra.

Durante el juicio oral, la abogada Scarlett Pino sostuvo -además- que las municiones no eran aptas para el uso, que no se encontraron armas de fuego y, peor aún, que hubo vulneración de garantías constitucionales del imputado, ya que el ingreso a su vivienda ocurrió sin autorización de un juez.

El acusado declaró que el día del allanamiento estaba en su taller y que sorpresivamente ingresaron los policías, lo esposaron y encontraron marihuana que, tal como reconoció de inmediato, era para su uso personal. “Me hago té o la fumo porque sufro úlcera y ahora tengo cáncer gástrico. Las balas eran cinco, que dejé en un frasco. Las recogí cerca del cementerio. Estaban en mal estado, verdes… Nunca he tenido armas”, señaló.

RECEPTACIÓN Y PATENTES FALSAS
El segundo caso se verificó en la primera sala del tribunal oral, donee se realizó el juicio oral contra Sergio Candia, imputado por receptación de vehículo motorizado y conducción con placas patentes falsas. En septiembre de 2022, el inculpado fue detenido por carabineros en el centro de La Serena, mientras conducía una camioneta Ford modelo 150 con documentación y patentes fraudulentas y que mantenía encargo por robo en la Región Metropolitana.

En la audiencia, Scarlett Pino planteó que Candia efectivamente conducía el vehículo, pero que desconocía absolutamente la situación ilegal del móvil, ya que la camioneta estaba sin rastros de haber sido violentada y mantenía su llave original. “Los funcionarios aprehensores dijeron en estrado que no es posible que una persona sin expertiz se hubiera percatado de que las placas eran fraudulentas”, indicó.

El acusado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró que “le hice un favor a mi entonces pareja, quien me pidió ir a La Serena. Me detuvo Carabineros, pensé que era un control normal, entregué los documentos y me dijeron que la camioneta era robada y las patentes falsas, lo que desconocía totalmente”, manifestó.

Finalmente, el tribunal resolvió absolverlo y acogió la tesis de la defensa pública sobre el desconocimiento del inculpado respecto de la procedencia del vehículo y la documentación falsa.

ESTAFA
En el tercer caso y según la acusación de hurto agravado, porque lo sustraído excedió las 400 UTM, entre 2018 y 2020 Soledad Bustamante era funcionaria administrativa de cuentas corrientes de la sucursal Agrosuper de La Serena, contexto en que sustrajo en forma parcelada un total de 184 millones 311 mil 985 pesos, provenientes de las ventas por medio de un sistema informático con el cual manipuló el stock de la tienda, utilizó cuentas transitorias y desvió ganancias.

En su defensa, la abogada Pino sustentó que en la investigación no se acreditó la acusación y que, por el contrario, se evidenció que las claves de los sistema contables eran compartidas por cerca de cinco personas, que no hubo registros de las fechas puntuales en que su representada supuestamente se apropió de dinero y que tampoco hubo levantamiento del secreto bancario de su representada.

“Se demostró un descontrol y procedimientos erróneos de la empresa, sumado a los testimonios de los mismos trabajadores, quienes advirtieron que los directivos no tenían conocimiento propio del accionar de esta sucursal”, recalcó la defensora pública. Lo anterior fue refrendado por la propia acusada, quien detalló en el juicio oral sus tareas y los protocolos y procedimientos de la empresa.

En su veredicto absolutorio, el tribunal indicó que no llegó a una convicción respecto de los hechos punibles y que se comprobó que varias personas manejaban claves unipersonales de acceso a los sistemas y que la acusada y otras empleadas recibían dinero en efectivo de las ventas.

Agregó que tampoco se acreditaron las operaciones contables anómalas, ni se perició el sistema informático privado de la empresa, que ningún testigo o perito describió con exactitud el supuesto modus operandi de la inculpada y que la causal de despido de Bustamante, después de diez años de trabajo, adujo únicamente las “necesidades de la empresa”.

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