Sala de Prensa

04/10/2024

En la sede Valdivia de la Universidad San Sebastián

Defensor Regional de Los Ríos difundió el "Proyecto Inocentes" con estudiantes de derecho en Valdivia

Luis Soto Pozo destacó contar con un espacio de difusión de la inocencia de personas vulneradas en sus derechos por el Estado y poder corregir errores del sistema penal que signifiquen injustas encarcelaciones como los principales objetivos de esta iniciativa institucional.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

El Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, difundió este miércoles la importancia y los propósitos del "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, ante un grupo estudiantes de derecho de la sede Valdivia de la Universidad San Sebastián.

Luego de visionar las historias de injustas imputaciones de delitos y el encarcelamiento de Freddy Llanquín, Adrián Zarricueta, Alejandro Ramírez y el caso regional de Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda -todos casos que forman parte del proyecto-, el abogado explicó que se trata de una iniciativa inédita en Chile y que su objetivo es ofrecer un espacio de reparación de la honra social de estas personas, difundir su inocencia, impulsar la corrección de errores y malas prácticas, junto con proponer medidas para que personas inocentes no sean encarceladas por las principales causales error que contempla esta iniciativa: identificación errónea, declaraciones falsas, errores periciales o ciencia limitada, falsas confesiones y mala conducta de agentes del Estado, incluso de la defensa, pública o privada.

MEJORAS AL SISTEMA PENAL
Soto Pozo destacó, además, que el "Proyecto Inocentes" ha propuesto, entre otras medidas críticas, el contar con registros o videograbaciones de las declaraciones o confesiones, lo que permitiría despejar cualquier irregularidad en tales procesos, además de contar con protocolos exhaustivos para evitar identificaciones erróneas de personas

“Esto es crucial, en tanto existen estudios concluyentes sobre un alto porcentaje de error en las percepciones y subjetividades de una persona al intentar reconocer a otra”, indicó.

En la misma línea, el abogado penalista enfatizó en la necesidad de extender el tiempo de preservación de las evidencias de los casos por parte del Ministerio Público. “En Chile no existe la obligatoriedad de conservar muestras orgánicas, para que, conforme avanza la ciencia, pueda eventualmente desvirtuarse una condena. La evidencia se conserva un máximo de seis meses terminado el juicio, por lo que, si surgieran técnicas científicas a futuro, la evidencia que condenó a una persona ya habrá sido destruida”.

También se refirió al extenso, oneroso e intrincado camino para que estas personas puedan lograr una indemnización del Estado en estos casos, en cuyo contexto informó sobre el convenio de colaboración vigente entre la Defensoría Penal Pública y la Fundación ProBono.

“Como Defensoría estamos impedidos de llevar a cabo acciones judiciales civiles por lo que, a través de esta alianza, derivamos los casos del 'Proyecto Inocentes', para que colegas de esta entidad puedan emprender las demandas que buscan la indemnización civil de estas personas inocentes vulneradas por el Estado”, concluyó.

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