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Defensorías Metropolitanas Norte y Sur participaron en conversatorio sobre uso de la fuerza

13/05/2026

En jornada de capacitación para funcionarios de Gendarmería

Defensorías Metropolitanas Norte y Sur participaron en conversatorio sobre uso de la fuerza

A partir de 2023, Gendarmería y las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte (DRMN) y Sur (DRMS) han desarrollado un trabajo conjunto, enfocado en la formación de las y los funcionarios de ese servicio, llevando a cabo capacitaciones tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Por Romina Torrealba,
estudiante en práctica Defensoría Metropolitana Norte.

Más de 160 funcionarios y funcionarias de diversas unidades de Gendarmería de Chile participaron el viernes pasado en una capacitación sobre derechos humanos y el uso de la fuerza, organizada en conjunto por el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de esa institución y las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte (DRMN) y Sur (DRMS).

Durante la actividad, que reunió a autoridades de Gendarmería y de ambas sedes de la Defensoría, se discutieron los aspectos normativos de la Resolución Exenta Nº 5574/2025, que regula el procedimiento para el uso de la fuerza en los centros penitenciarios.

La jornada fue inaugurada por la directora regional metropolitana de Gendarmería, coronel Sandra Zapata Bustamante, quien destacó la relevancia de tratar estos temas desde un enfoque que priorice la protección de los derechos humanos y la responsabilidad institucional.

“Como representantes del Estado, nuestra labor no se limita a garantizar la seguridad y el orden dentro de los recintos penitenciarios. También tenemos la ineludible responsabilidad de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran bajo nuestra custodia”, afirmó la oficial.

PROTOCOLOS CLAROS
La exposición inicial estuvo a cargo del jefe del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, Fernando Mardones, quien explicó que la normativa busca establecer protocolos claros para que el uso de la fuerza sea excepcional, proporcional y necesario, tras lo cual enfatizó que la integridad física y la vida son límites inquebrantables para cualquier funcionario de esa institución.

En el ámbito técnico, la jornada incluyó un diálogo sobre las definiciones legales introducidas por la Ley N° 20.968, que modificó de manera significativa el Código Penal y tipificó los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, adaptando así la normativa a los estándares internacionales vigentes.

En tanto, el jefe (s) de Estudios de la DRMS, Eduardo Camus, explicó los alcances del art. 150 de la ley, que define la tortura, sus tipos y la culpabilidad. El abogado señaló que estas conductas pueden ser cometidas tanto por acción como por omisión, especialmente en los casos en que un funcionario o funcionaria no previene el maltrato, pese a tener la capacidad de hacerlo.

DE LA NORMATIVA A LA REALIDAD
A continuación, el abogado Gustavo Millaqueo, defensor público penitenciario de Colina, abordó el primer fallo por torturas contra funcionarios de Gendarmería tras la reforma de 2016. El caso analizado involucró agresiones a una persona privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

En esa oportunidad el caso llego a la justicia, contexto en que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal determinó que los funcionarios habían excedido el uso racional de la fuerza, constituyendo un castigo deliberado en un contexto de superioridad numérica y de medios.

La discusión avanzó hacia un mensaje claro: el maltrato a personas privadas de libertad es siempre ilegal y atenta contra el estado de derecho. Aunque existen principios de excepcionalidad y precaución, y los funcionarios de los recintos penitenciarios tienen la plena facultad de usar la fuerza para mantener el orden, esto debe ser el último recurso.

El conversatorio, que se realizó en el auditorio de la institución en el Centro de Justicia de Santiago (CJS) y contó con la presencia del Defensor Regional Metropolitano Sur, Renato González Caro, reafirma el compromiso de la Defensoría Penal Pública con la promoción de los derechos humanos de quienes están bajo custodia estatal.

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