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12/05/2026
En seminario internacional realizado en Paraguay
Defensora Nacional apunta a la urgente necesidad de dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública
Verónica Encina Vera expuso en el foro internacional “Autonomía de la defensa pública e innovación institucional”.
Por Andrea González Schmessane,
Defensoría Nacional.
La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, expuso este martes 12 sobre la imperiosa necesidad de que la Defensoría Penal Pública alcance su autonomía institucional, equiparándola con el Ministerio Público y el Poder Judicial, para garantizar un verdadero equilibrio en el sistema procesal penal chileno y proteger los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Según explicó, es fundamental para un sistema democrático que la persecución penal tenga equilibrio. Mencionó también que la Defensoría Penal Pública de Chile defiende derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa, “elementos esenciales para el estado de derecho”.
En la misma línea, agregó que “en un sistema acusatorio adversarial como el chileno, es vital un sistema de pesos y contrapesos”, para luego mencionar que, hasta el día de hoy, la Defensoría es el único órgano de la 'trilogía' sin autonomía.
Durante su exposición, la abogada también afirmó que, aunque la institución que dirige ha gozado de respeto por todos los ministros de Justicia y Derechos Humanos, esta situación podría cambiar, poniendo en riesgo su independencia.
“La autonomía no es una reivindicación corporativa, sino un derecho de los ciudadanos a que su defensa se ejerza con la potencia e independencia requeridas, sin otros intereses en juego más allá del representado”, sostuvo categóricamente y luego detalló que la Defensoría maneja más del 90 por ciento de los casos de defensa penal, los que afectan principalmente a las personas más vulnerables (migrantes, pobres, mujeres, jóvenes sin educación).
DISCURSOS PUNITIVISTAS
En su discurso, la Defensora Nacional se refirió también a los constantemente discursos punitivistas que cuestionan las garantías fundamentales y que debe enfrentar la institución, recalcando que desde la Defensoría se deben emitir opiniones técnicas en el Congreso que, a menudo, son contrarias a proyectos de ley impulsados por el mismo Poder Ejecutivo, lo que muchas veces genera un conflicto de interés y riesgos para el presupuesto y las decisiones de la institución.
Por último, Encina Vera evidenció que existe un desequilibrio institucional y presupuestario con el Ministerio Público debido a que, a lo largo de 25 años, la Fiscalía ha sido fortalecida con tres leyes y un aumento significativo de recursos, contrario a lo que ha ocurrido con el presupuesto de la Defensoría, que se ha reducido constantemente.
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