Sala de Prensa

14/04/2026

Defensoría Regional de Atacama

Denuncian agresión a cuatro adolescentes del Centro IP-IRC (*)

El hecho ocurrió cuando Gendarmería allanó el recinto y uno de los jóvenes quedó con una lesión grave en su córnea por el uso de gas pimienta. La Defensoría Penal Pública interpuso una acción judicial.

(*): El siguiente artículo fue publicado en el Diario Atacama.


La Defensoría Penal Pública interpuso una acción constitucional de amparo a favor de adolescentes que se encuentran bajo la medida cautelar de internación provisoria. La razón de esto radica en un hecho ocurrido el 22 de marzo en el Centro IP-IRC de Paipote, donde uno de los jóvenes resultó lesionado tras un allanamiento.

El defensor penal público Sergio Jofré informó que “hubo una afectación directa a la seguridad e integridad de cuatro adolescentes que estaban en una casa específica en dicho centro. Se dispuso su reducción utilizando esposas, según los adolescentes fueron lanzados al suelo y lo más grave es que hubo utilización de gas pimienta directamente arrojada contra el cuerpo. Uno de ellos fue herido y tuvo una lesión ocular, una quemadura grave en la córnea, lo que lo mantiene en tratamiento”, dijo.

El cuestionamiento que efectúa la Defensoría Penal Pública es que el actuar “de Gendarmería y el aviso que realizan los profesionales del centro constituyen actos fuera del reglamento y la ley (...) Las lesiones, el trato, las acciones que se desarrollaron con los adolescentes, quienes no fueron llevados de forma inmediata a una atención interna de salud. El centro cuenta con una unidad de Enfermería”.

Según el relato de los jóvenes, luego de haber sido reducidos y de que les arrojara gas pimienta, los gendarmes “los mojaron, cerca de las 22.30 horas. Todas estas conductas constituyen una clara afectación a los derechos y garantías de los adolescentes”, dijo el defensor.

El director del Centro IP-IRC, informó del hecho tres días después al Juzgado de Garantía, disponiéndose las primeras medidas por parte del tribunal. Con la acción constitucional se busca asegurar el resguardo de los adolescentes, ya que “hubo una afectación directa a la integridad, a la seguridad individual y al derecho a la libertad personal”, señaló.

SRSJ
El Servicio de Reinserción Social Juvenil, respecto al recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública y de antecedentes vinculados a un eventual incumplimiento en la entrega oportuna de información del centro de Internación Provisoria (IP) y de Internación en Régimen Cerrado (IRC) de Copiapó, informó que ha dispuesto el inicio de una investigación sumaria, conforme a la normativa vigente, con la finalidad esclarecer los hechos, determinar si estos pudiesen revestir carácter de delito y establecer las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan.

Asimismo, se informó que “el joven involucrado ha recibido en todo momento la atención y las prestaciones necesarias por parte del equipo profesional del centro, resguardando su integridad y bienestar”.

GENDARMERÍA
Desde Gendarmería se informó que “a solicitud del director del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó, Gendarmería realizó un procedimiento extraordinario, tras ser informados de amenazas e insultos por parte de los adolescentes a los coordinadores de turno, de dicho centro”.

En este contexto, “cuatro adolescentes se opusieron al registro mediante conductas agresivas y alteración del orden interno, poniendo en riesgo la seguridad del personal y de los propios jóvenes. Tras esta situación se activaron los protocolos de supervisión, resguardando en todo momento la integridad física y los derechos de los adolescentes”.

Tras el incidente, según Gendarmería se derivó a los menores infractores a constatación de lesiones al Hospital Regional de Copiapó, donde se emitió un informe “sin lesiones” y en “condición estable”.

Las causas y eventuales responsabilidades de los hechos serán investigadas mediante sumario administrativo, ya instruido desde la Dirección Regional. Además, se han dispuesto medidas internas respecto del personal involucrado, tendientes a resguardar la transparencia del proceso mientras se desarrollan las diligencias, junto con manifestar, total colaboración con las indagaciones que se llevan adelante por el Ministerio Público.

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