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08/04/2026
El recurso fue presentado por el defensor penal público Sebastián Olivero
Atacama: Corte Suprema acogió recurso de nulidad por estimar que detención de imputado fue ilegal
El máximo tribunal del país consideró que se vulneraron las garantías del debido proceso y de un procedimiento racional y justo.
Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.
La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado por el defensor penal público Sebastián Olivero, quien solicitó se declare la nulidad del juicio oral y de la sentencia pronunciada respecto de su representado, al estimar que la detención del imputado fue ilegal, concluyendo que se vulneraron las garantías del debido proceso y el derecho a un procedimiento racional y justo.
El abogado, dependiente de la Defensoría Regional de Atacama, valoró el pronunciamiento del máximo tribunal y sostuvo que “recibimos este fallo de muy buena manera. Estábamos seguros de nuestras alegaciones y sabíamos que estábamos en lo correcto. Fue muy gratificante el resultado”, señaló.
En su resolución, la Corte ordenó la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado, disponiendo -además- la exclusión de toda la prueba obtenida como consecuencia de la detención estimada ilegal.
CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN
En detalle, la Corte anuló la sentencia condenatoria previa, al estimar que la detención del imputado fue ilegal. En particular, consideró la falta de fundamento de la detención, ya que no se logró establecer de manera clara las circunstancias en que ésta se produjo, ni la forma en que se identificó al imputado como supuesto autor de los delitos.
También estimó contaminada la evidencia obtenida, incluyendo el reconocimiento por parte de las víctimas y las especies incautadas. En lo central, el considerando décimo estableció que “no habiéndose establecido la existencia de un supuesto de flagrancia, la privación de libertad (…) carece de todo sustento” y que, por ello, “las probanzas obtenidas a partir de ella (…) se tiñen de la misma ilicitud”.
En virtud de lo anterior, la Corte Suprema dispuso la realización de un nuevo juicio oral, en el que deberá excluirse la prueba obtenida con ocasión de la detención ilegal.
En este contexto, la jefa de Estudios de la Defensoría Regional, Náyade Cifuentes, destacó el trabajo desarrollado por el defensor público de la causa: “Este resultado da cuenta de una defensa rigurosa y comprometida con la protección de las garantías fundamentales. Asimismo, este fallo refleja el valioso trabajo que se viene realizando a nivel regional, reforzando la importancia de una litigación estratégica y de calidad”, indicó.
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