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Defensora Nacional: autonomía institucional y legitimidad social del sistema son las deudas pendientes de la reforma

13/10/2025

Seminario conmemorativo reunió en Temuco a autoridades del sistema de justicia penal

Defensora Nacional: autonomía institucional y legitimidad social del sistema son las deudas pendientes de la reforma

Durante el encuentro expusieron la jefa nacional de la defensa pública, Verónica Encina; el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, entre otros.

Por Alexis Matamala Olavarría,
periodista Defensoría Nacional.

Con un análisis profundo sobre los avances, desafíos y tensiones que ha vivido el sistema acusatorio chileno se desarrolló en Temuco el seminario “A 25 años: evaluación e impacto de la reforma procesal penal en Chile”, organizado en conjunto por la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía de Chile.

El primer panel del encuentro, realizado en el auditorio de la Defensoría Regional de La Araucanía, fue moderado por la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, y contó con las exposiciones de la Defensora Nacional, Verónica Encina; el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y el Ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, presidente de la sala penal del máximo tribunal del país.

En su intervención, la Defensora Nacional destacó que la reforma procesal penal constituyó “uno de los cambios institucionales más relevantes que ha habido en nuestro país desde la vuelta a la democracia y, me atrevería a decir, en su historia institucional”. También subrayó que el nuevo modelo permitió “instaurar en Chile, efectivamente, un sistema procesal penal con separación de funciones”.

DOS DEUDAS CENTRALES
A 25 años de su puesta en marcha, señaló que subsisten dos deudas centrales: la autonomía de la Defensoría Penal Pública y la legitimidad social del sistema de justicia penal. “El hecho de que la Defensoría Penal Pública no sea autónoma es, a juicio de nuestra institución, mayoritariamente una deuda del sistema. Debió nacer la reforma con Defensoría autónoma, así como nació con Ministerio Público autónomo, porque era parte de los equilibrios del modelo acusatorio”, señaló.

Verónica Encina agregó que la autonomía “no tiene que ver con los funcionarios de la institución, sino con derechos ciudadanos, con la necesidad de que el imputado o imputada tenga un resguardo efectivo del derecho a una defensa autónoma, una defensa que no sea amenazada ni interferida por ningún otro tipo de interés que no sea el del imputado”.

También advirtió que “un persecutor sin contrapeso institucional (...) es un riesgo para el estado de derecho y, finalmente, para los ciudadanos, que pueden ser objeto de vulneraciones producto de ese desbalance”.

Durante el espacio de preguntas, Encina expresó su preocupación por el impacto de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Al respecto, señaló que “hay riesgo de que el sistema no mejore por no haber observado el impacto que esto tiene en las salas de audiencia y en el número de defensores que van a tener que enfrentar aumento de ingresos”.

Según la abogada, “hemos hecho presente el tema a todas las autoridades a nivel del debate público y a nivel académico (…) Esperamos ser escuchados, pero me parece que el mayor problema lo tiene la Fiscalía, porque no van a poder avanzar realmente en una modificación de la persecución penal sin salas de audiencia y sin defensores que enfrenten aquello”.

FISCAL REGIONAL
En su exposición, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido -quien representó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia-, destacó que “la modernización del sistema de administración de justicia constituye un esfuerzo de crecimiento institucional ineludible”, aunque advirtió que muchos de los desafíos iniciales siguen vigentes.

“El sistema sigue siendo -me parece- displicente con las víctimas y con los usuarios en general: imputados, testigos, peritos que concurren a la audiencia (…) La dilación de las audiencias no es un elemento atribuible a alguna de las instituciones que operan en el sistema. Me parece que es un cáncer que se ha ido instalando progresivamente”, advirtió.

El fiscal regional planteó también que “la etapa intermedia hoy día es el gran pantano del procedimiento ordinario” y observó que la excesiva demora en la preparación de los juicios “genera una sensación de impunidad y aumenta la sensación de inseguridad”.

“El destinatario de las acciones es el que tiene que evaluar cómo lo estamos haciendo (…) El sistema sigue siendo visto como lento, poco transparente, muy poco empático, donde no es importante lo que piensen las personas y eso implica que hay que tomar medidas”, aseguró.

MINISTRO VALDERRAMA
En su exposición, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, entregó una reflexión histórica sobre el tránsito desde el sistema inquisitivo al acusatorio, destacando que “hace 25 años cerramos un siglo centenario del proceso inquisitivo y abrimos otro completamente distinto, basado en el principio acusatorio”.

“Pasamos de un sistema que se denominaba arcaico, opaco y poco eficaz, a uno moderno, transparente y eficiente (…) Pero la presión por despachar ha provocado, según sostienen expertos, que en ocasiones hayamos derivado hacia procesos rutinarios con alto grado de mecanización”, indicó.

El magistrado advirtió que esa tendencia puede erosionar la calidad de las decisiones judiciales: “Cuando la presión por la eficiencia se impone, corremos el riesgo de que la motivación se vuelva superficial, que los fundamentos sean fórmulas y que los usuarios del sistema se sientan atrapados en una obra de Kafka, una justicia que no entienden y que verdaderamente no busca ser entendida”, señaló.

Más adelante, enfatizó que “la rapidez no puede sustituir a la justicia, porque una decisión rápida pero vacía de contenido es, al final, una forma elegante de injusticia”, por lo que llamó a “recuperar el equilibrio entre eficacia, garantías y calidad de decisión”.

EFICIENCIA, GARANTÍAS Y CALIDAD
El panel concluyó con un diálogo, durante el cual los expositores coincidieron en la necesidad de fortalecer la formación continua de fiscales, defensores y jueces, evitar la mecanización de audiencias y recuperar una visión sistémica del proceso penal.

Al cerrar la primera parte del encuentro, la moderadora, Inés Rojas –Defensora Regional de Coquimbo- cerró el encuentro señalando que “debemos transmitir a las nuevas generaciones de defensores públicos las convicciones que nos movieron hace 25 años: poner siempre a la persona en el centro de nuestra labor”.

REFLEXIÓN ACADÉMICA Y MIRADA PRÁCTICA
El seminario continuó con dos paneles adicionales: uno dedicado al análisis académico de la reforma, con la participación de destacados profesores de derecho penal y procesal, y otro centrado en la mirada práctica del sistema, integrado por magistrados, fiscales y defensores regionales.

Ambos espacios permitieron ampliar el debate en torno a la eficiencia del sistema, la calidad de las decisiones judiciales y los desafíos futuros del modelo acusatorio chileno, reafirmando la relevancia de la coordinación interinstitucional y el compromiso con los derechos fundamentales que dieron origen a la reforma procesal penal.

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