Sala de Prensa

03/10/2024

La causa fue conocida por la segunda sala de la Corte Suprema

Defensor penal público de La Florida logró modificar prisión preventiva de imputada con embarazo gemelar

En conjunto con la abogada Marcela Bustos, de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacioanal, el defensor público Gonzalo García logró tal resolución, luego de que la segunda sala considerara de importancia la situación de una mujer embarazada, así como el hecho que no existían las condiciones necesarias para que se mantuviera privada de libertad al interior de la cárcel de San Miguel.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

La segunda sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo deducido por el defensor penal público Gonzalo García, de la Defensoría Local de La Florida, y determinó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional de una imputada que mantiene un embarazo gemelar y que se encontraba en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, recinto que -según la presentación- no cuenta con las condiciones para una mujer en ese estado de gravidez.

El alegato ante las ministras de la Corte estuvo a cargo de la abogada Marcela Bustos, de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, quien expuso los argumentos que, tanto en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago como en la Corte de Apelaciones de San Miguel, habían sido mencionados por el defensor titular de la causa.

Gonzalo García valoro positivamente el resultado, toda vez que las ministras de la Segunda Sala consideraron de importancia la situación de la mujer, así como el hecho que no existían las condiciones necesarias para que se mantuviera privada de libertad al interior del penal sanmiguelino.

En el fallo de mayoría, las magistradas Andrea Muñoz, María Teresa Letelier y Dobra Lusic, junto con la abogada integrante Pía Tavolari –con el voto en contra del abogado integrante Juan Ferrada- revocaron la decisión de la Corte de Apelaciones y acogieron lo dispuesto en el 14° Juzgado de Garantía, que modificaba la medida cautelar por el arresto domiciliario total.

EMBARAZO GEMELAR
Según el defensor penal público, la causa que involucra a su representada se remonta a abril de este año, cuando fue detenida junto con su pareja en el contexto de un tráfico de drogas. A las pocas semanas y ya privada de libertad, la mujer se dio cuenta de su embarazo y fue remitida al hospital respectivo para controlarse, momento en que fue notificada de que se trataba de un embarazo gemelar.

En ese contexto, y dados los cuidados especiales que requería la interna -una cama más grande, lugares aptos y limpios para su cuidado, entre otros- fue que se decidió presenta la solicitud de cambio de medida cautelar.

Las ministras conocieron la causa luego del rechazo que la medida solicitada sufrió en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En su resolución, la segunda sala indicó “que, en este contexto, conforme a las disposiciones reseñadas precedentemente, mantener a la amparada en el interior de un recinto carcelario bajo la medida de prisión preventiva, dados los graves riesgos y perjuicios que conlleva la mantención de dicha medida, especialmente considerando en los términos que ella se ejecuta, representa un grave riesgo para ella, debido a su estado y para el desarrollo y vida futura de sus hijos, lo que obliga a esta a Corte a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió en su oportunidad y que, en el presente caso, es la sustitución de dicha medida por la de arresto domiciliario total y la complementaria de arraigo nacional”.

Durante su exposición, la abogada Marcela Bustos recordó que las dependencias de la cárcel de San Miguel no cuentan con las condiciones mínimas para atender adecuadamente un embarazo de estas características, en especial por las “graves falencias en las condiciones de los baños y desagües de dicho módulo, al igual que de su techumbre, con escasa luminosidad, lo que resulta acompañado, según denuncian las internas, de la presencia de roedores, circunstancias que afectan la dignidad de las mujeres privadas de libertad que habitan dicha sección y ponen en riesgo su integridad física, cuestión que resulta agravada, si se considera que las internas se encuentran en dicho espacio debido a los embarazos de distintas etapas y complejidades que presentan”, situación que fue recogida en la sentencia de la Corte Suprema.

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