Sala de Prensa

03/09/2024

En diálogo participativo

Directivas de la Defensoría conversaron con imputadas e imputados de la cárcel de Ovalle

La Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, encabezó el encuentro, en que las y los internos formularon abiertamente comentarios y consultas.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Franco y aclaratorio resultó el diálogo que imputadas e imputados privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle sostuvieron con un equipo de la Defensoría Regional de Coquimbo, encabezado por la jefa zonal del servicio, Inés Rojas.

En total, 52 personas -entre ellas 6 mujeres- con causas vigentes, principalmente de las provincias de Limarí y Choapa, participaron en el encuentro, en el que la abogada estuvo acompañada por la jefa regional de Estudios de la institución, Yasna Rojas, y por los defensores públicos de Ovalle, Gerardo Tagle y Carlos Cordero.

Al inicio de la jornada, Inés Rojas abordó la misión institucional y los derechos de las personas privadas de libertad. Luego pidió a las y los internos expresar comentarios, opiniones o requerimientos en torno a la prestación de defensa pública que reciben.

DEFENSA ESPECIALIZADA DE MUJERES
En el caso de las imputadas, en general manifestaron encontrarse en buenas condiciones. Sin embargo, un grupo con causas vigentes de Choapa expresó su disconformidad por el lento avance de sus respectivos procesos penales y la falta de respuesta a sus peticiones de traslado a la cárcel de Illapel.

“Con gran esfuerzo, nuestras familias viajan 400 kilómetros ida y vuelta para visitarnos. Yo hace 11 meses no veo a mis hijos, he pedido varias veces el traslado pero sigo acá”, explicó una de las reclusas.

Inés Rojas sostuvo que el complejo panorama de seguridad ciudadana, con casos de alta connotación relacionados con el crimen organizado, generó una sobrepoblación y constantes traslados a distintos centros penales. Por lo mismo, detalló que la institución está muy pendiente de las condiciones carcelarias de las mujeres internas, a las que se incluye dentro de ciertos grupos de mayor vulnerabilidad, porque su privación de libertad es distinta a la de los hombres.

“Ellas sufren consecuencias diferentes, porque sus hijos quedan desamparados en la casa de algún vecino o familiar y recurrentemente son madres solteras que constituyen el pilar económico del hogar”, aseguró.

PRESTACIÓN DE DEFENSA
Por otra parte, las y los reclusos pidieron diversas orientaciones sobre las etapas de sus procesos penales, la extensión de los plazos de investigación, la demora de los informes periciales, la revisión de medidas cautelares, las formas de término y las posibles penas si son condenados.

En cuanto a la calidad de la defensa, mayoritariamente manifestaron conformidad y evaluaron positivamente el trabajo de las y los abogados de la defensa pública, aunque algunas personas plantearon reparos a la prestación de los profesionales de Los Vilos.

Al respecto, la Defensora Regional pormenorizó respecto del fuerte incremento de la carga de trabajo de los defensores públicos de esa zona en causas con penas de crimen, las visitas de cárcel a usuarios en los centros de Illapel, Ovalle y La Serena y los traslados a juicios orales -algunos de varios días de duración- al tribunal que funciona en Ovalle.

“Por estas complejas razones todo el equipo de la Defensoría Regional está revisando y colaborando con los defensores de esa zona, para agilizar sus casos, por lo que me comprometo a mejorar las falencias”, culminó Inés Rojas.

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